Carta Opinión de la fAu| 12 años del filtro | 24 agosto, 2006.

A 12 años de la masacre del Filtro la impunidad continúa.

 

El 24 de agosto de 1994, miles de personas manifestaban su repudio a la extradición de tres militantes vascos radicados en Uruguay. Paros parciales y numerosas movilizaciones hacia el Hospital Filtro pautaron los días previos.

El gobierno de Lacalle ponía sobre el tapete el discurso de la “independencia de poderes” y que “había que dejar actuar a la justicia”, mientras se preparaba un brutal operativo que en la noche del 24 de agosto reprimió a bala limpia a una multitud que reclamaba el asilo político para los vascos, retomando aquella tradición de asilo y refugio que encontraban en este país los perseguidos políticos de las más diversas partes del mundo. Dicha represión contó con la participación de 500 efectivos policiales(coraceros, radio patrulla, granaderos, policía caminera), más 100 vehículos y el armamento utilizado fue desde escopeta 12 mm, pistolas 9 mm, pasando por revólveres calibre 38, mágnum 357 hasta subfusiles 9 mm. La policía disparaba desde los patrulleros y en medio de esta brutal represión, sacan a los vascos del Hospital Filtro y los llevan directo a la base de la Fuerza Aérea en Carrasco. La represión duró cerca de 3 horas y media, lo cual habla de la virulencia de la misma y de la saña con que los milicos se largaron a cazar gente, tanto en la calle, como en los talleres de Cutcsa. El saldo de esta represión fueron dos muertos, Fernando Morrón! y Roberto Facal, y cientos de heridos, algunos de ellos incluso graves.

Importa señalar qué papel jugó esta represión en el esquema político del país y sus implicancias hasta hoy. En aquel momento, el ministro del Interior Ángel María Gianola, proyectaba crear una Guardia Nacional bajo control directo de su ministerio para este tipo de represiones. Esto se manejó en conversaciones secretas, algunos “almuerzos de trabajo” y salió luego a luz pública, lo cual enrarecía aún más el clima político que se vivía luego de la represión.

Fundamentalmente, la represión del Filtro jugó un papel político de primer orden: disciplinó a buena parte de la izquierda, marcándole los límites a su accionar político dentro del sistema. Buscó disuadir a aquellos sectores combativos y dejó en el ambiente la posibilidad de nuevas represiones. Podemos decir que en buena parte del movimiento popular hay un antes y un después del Filtro. Dejó marcas que continúan hasta hoy e hizo resurgir los fantasmas de la dictadura.

No obstante ese papel político que jugó, el pueblo ha sabido manifestar su rechazo desde el primer momento a esta represión, y a lo largo de los años, continuar exigiendo justicia y que los responsables de los sucesos del Filtro no queden impunes.

¿Quiénes son estos responsables? En primer lugar Luis Alberto Lacalle, presidente de la época, el ministro del Interior Angel María Gianola, los policías que estuvieron a cargo del operativo: José Dávila y Pablo Gerjiulo, lo mismo que Juan Miguel Rolan, Raúl Guarino y Erode Ruiz, estos últimos tres al mando de parte de las fuerzas represivas que operaron en el Filtro y que fueran luego procesados, y quienes hoy se encuentran ejerciendo sendos cargos en el Ministerio del Interior. La impunidad como vemos ha calado hondo y trasciende gobiernos: existe un personal “experiente” y “útil” en esta disciplina que ocupa lugares de privilegio en la estructura del Estado. La impunidad así se constituye una pieza esencial de dicha estructura estatal, es uno de sus engranajes fundamentales y que permiten continuar reproduciendo este sistema y generando las condiciones para un mayor sometimiento del pueblo.

 

La impunidad consagrada ley: herramienta esencial de un sistema asesino.

No sólo los hechos del Filtro y sus responsables gozan de impunidad. También los brutales crímenes de la dictadura, donde este sistema mostró su rostro verdadero y toda su inmundicia y desprecio por la vida humana, viven en la lógica de la impunidad. Impunidad que permite que 10 jefes del Ejército, desde la dictadura hasta hace pocos años atrás, se hagan responsables públicamente de las violaciones a Los Derechos Humanos y aquí no suceda nada. Impunidad que permite que se escapen genocidas que están presos como si nada, con notoria complicidad de los mandos militares actuales.

No debe deslumhrarnos que hoy algunos de estos asesinos estén siendo enjuiciados. Los últimos gobiernos han cargado con el tema de la impunidad. No han sabido cómo resolverlo, salvo pateando la pelota más para adelante. Y si bien se han realizado últimamente investigaciones que permiten ir conociendo una buena parte de la verdad y han aparecido los restos de dos compañeros, eso no soluciona el problema de la impunidad y mucho menos de la justicia. No alcanza con quitar casos de la ley de impunidad, como lo hace y puede hacerlo el Poder Ejecutivo. La cuestión pasa porque la ley de caducidad es nula, moral y éticamente, hay que desmantelarla impunidad que rige en la estructura estatal. Ese es el desafío que hoy tiene frente a sí el movimiento popular en lo referido a Derechos Humanos. Es como decíamos, romper un engranaje esencial de la maquinaria del Estado y objetarlo  frente a posibles nuevas represiones que se vengan. La ley de caducidad garantiza impunidad para siempre a los aparatos represivos y las clases dominantes. Por ello es vital su anulación.

Y señalar una última cosa: aquí no hubo una banda de locos desenfrenados y enfermos mentales que salieron a secuestrar, matar y desaparecer. Aquí hubo un plan orquestado por ¡as clases dominantes de los países del cono sur y por los propios Estados Unidos.


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