De crímenes e impunidades.

Se quieren lavar crímenes atroces cometidos durante la dictadura e incluso antes de su advenimiento. El sistema ha querido por todos los medios saldar esta página horrenda con medidas tramposas y cínicas. Fueron muchos los implicados directos: políticos, empresarios, militares, los servicios “especiales” del imperio norteamericano. Hoy quieren que esta página quede atrás. Fue toda una política, una estrategia, que llevó adelante en el área el imperialismo y sus lacayos en varios países latinoamericanos. Bien se sabe. Todo fue demasiado obstensible y quedó grabado a fuego en gran parte de la población. Quedó un sentimiento y un recuerdo de profundo repudio, asco e indignación. Un sentimiento que no es funcional al sistema. Eso es sólo lo que les importa. No importa seguir asesinando, por el hambre por ejemplo, se trata de que no quede tan al desnudo esa “alma” totalmente deshumanizada tan llena de perversidad. Quieren que la gente olvide y para ello inventan “soluciones” diversas. Ayer fue la “Comisión para la Paz” hoy son leyes de indemnización por los crímenes cometidos. No saben cómo salir de esta acusación histórica que recorre con indignación tantos corazones de toda gente bien nacida. Primero fue que no había habido ni torturas, ni asesinatos, ni secuestros. Después, ante una actitud, un sentimiento, una militancia que se mantuvo en el tiempo, llegó un tibio reconocimiento de las atrocidades cometidas.El mismo nivel, digámoslo de paso, fue también que la nuera de Gelman no había sido secuestrada y asesinada en Uruguay, después la aparición de la nieta y la confirmación de ese otro crimen. Se pisan la cola con sus siniestras mentiras. Nunca podrán salir de ese callejón de sangre y horror que transitaron sin que se les moviera un pelo.

Claro está no decimos nada nuevo, esta crueldad es inherente al sistema y hoy lo podemos ver a nivel del mundo. En este hecho puntual sólo tratan de reacomodar coyuntural y específicamente la funcionalidad del sistema. Mañana si es necesario, y su amo del norte lo exige, volverán a asesinar hasta donde puedan a los mejores hijos del pueblo. Por eso la impunidad desde el poder, por eso esa consecuencia asquerosa con el mundo del horror del que son totalmente responsables. Veamos la noticia:

«El Poder Ejecutivo remitirá en las próximas horas a la Asamblea General el proyecto de ley que declara «ausentes por desaparición forzada» a 26 uruguayos, secuestrados y muertos dentro del territorio nacional, entre 1971 y 1982, y propone el pago de una indemnización civil para cada familia.

El proyecto de cinco artículos incorpora al Código Civil la desaparición forzosa como causal de ausencia, recogiendo una sugerencia acordada por la Comisión para la Paz».

 

Las veintiséis personas contempladas.

La iniciativa abarca a todos los casos (tres anteriores al golpe de Estado de 1973) investigados y confirmados por la Comisión para la Paz y que figuran en el «Anexo» I del informe final presentado por el grupo al Poder Ejecutivo. Estos son: Abel Adán Ayala Alvez (falleció el 18 de abril de 1971), Carlos Pablo Arévalo Arispe (falleció el 4 de marzo de 1976); Luis Eduardo Arigón Castell (falleció el 15 de junio de 1977); José Arpino Vega (falleció el 28 de abril de 1974, pudiendo haber leve diferencia en el día); Oscar José Baliñas Arias (falleció el 21 de julio de 1977), Ricardo Alfonso Blanco Valiente (falleció entre el 2 y 3 de febrero de 1978), Eduardo Bleier Horovitz (falleció entre el 1º y el 5 de julio de 1976); Juan Manuel Brieba (falleció el 4 de noviembre de 1975); Héctor Castagneto da Rosa (falleció el 17 de agosto de 1971); Julio Castro Pérez (falleció el 3 de agosto de 1977); Julio Gerardo Correa Rodríguez (falleció el 18 de diciembre de 1975); Ubagessner Chávez Sosa (falleció entre el 10 y 11 de junio de 1976); Lorenzo Julio Escudero Mattos (falleció entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre de 1976); Horacio Gelós Bonilla (falleció el 6 de enero de 1976); Roberto Gomensoro Josman (falleció entre el 12 y el 14 de marzo de 1973); Luis Eduardo González González (falleció el 26 de diciembre de 1974); Miguel Angel Mato Fagian (falleció el 8 de marzo de 1982); Fernando Miranda Pérez (falleció entre el 1º y el 2 de diciembre de 1975); Otermín Laureano Montes de Oca Domenech (falleció el 20 de diciembre de 1975); Félix Sebastián Ortiz (falleció el 17 de setiembre de 1981); Antonio Omar Paitta Cardozo (falleció el 1º de octubre de 1981); Eduardo Pérez Silveira (falleció el 10 de mayo de 1974); Elena Quinteros Almeida (falleció en los primeros días de noviembre de 1976); Amelia Sanjurjo Casal (falleció a mediados de noviembre de 1977); Juan Américo Soca (falleció entre el 25 de febrero y el 2 de marzo de 1981); Oscar Tassino Asteazu (falleció el 21 de julio de 1977). Las familias de Carlos Pablo Arévalo Arispe, Oscar José Baliñas Arias, Ubagesner Chávez Soca y Luis Eduardo González González fueron indemnizadas.

De cuando los infames multiplican sus infamias.

El asesinato de María Claudia Irureta.

 

La información inicial nos decía que el fiscal actuante Enrique Moller, pidió el archivo del expediente al considerar que estaba abarcado por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, pero Mirabal no hizo lugar a la solicitud del representante del ministerio público y envió el expediente al Poder Ejecutivo. Éste debía, entonces, resolver si efectivamente considera que la desaparición de María Claudia Irureta está abarcada por la Ley de Caducidad o no. El Poder Ejecutivo dispone de 30 días -corridos- para resolver.

La decisión de Mirabal obligaba al presidente Jorge Batlle a decidir.

En el expediente judicial el senador Rafael Mi-chelini declaró que Batlle le informó que el asesino de la nuera de Gelman es el ex capitán de coraceros Ricardo «conejo» Medina.

La repuesta de Jorge Batlle no se hizo esperar. Pocos días después de la visita de una delegación del gobierno argentino para investigar sobre el tema, Batlle anunció que el gobierno enviará en el correr de estos días al Poder Judicial su decisión de incluir el caso de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, en la Ley de Caducidad. La inclusión en la Ley de Caducidad echa por tierra la posibilidad de investigar a fondo en el tema. Una vez más quedaba Batlle y su “estado del alma” al descubierto. No había duda, su zigzagueo político tenía un centro rector: no jugar ninguna carta de relevancia contra la impunidad si ello implicaba resistir presiones. Y entonces estuvo finalmente en la línea de Sanguinetti, Lacalle y tantos otros de la misma estirpe.

Pero el “caso Gelman”, la grotesca decisión de Batlle, produjo ya un enfrentamiento con el presidente argentino Néstor Kirchner y hasta puede convertirse en un problema diplomático.

Según una versión publicada en los diarios Clarín y Página 12 Kirchner increpó duramente a Batlle por la decisión de incluir el caso de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman en la Ley de Caducidad. Según dice la información: “El presidente de Uruguay, Jorge Batlle, quiso empezar a explicarle por qué archivó la investigación por la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman luego de haberle prometido lo contrario. Néstor Kirchner lo interrumpió: No me expliques nada” le dijo y lo cortó despectivamente. Kirchner, habida cuenta de las luchas populares, se ha tirado en esta coyuntura a cubrir, aunque sea en lo básico, una franja de problemas que fueron los exigidos por las movilizaciones populares. El referido a ciertos crímenes e impunidades es uno de ellos. Pero éste es ya otro tema.

Por su parte Juan Gelman le dice a Batlle que ha cometido: “un acto de injusticia más ominoso aún que el crimen que encubre… llega a su estación terminal con la conciencia oscura, la decencia mutilada y la hombría de bien desvanecida”. Sí, don Juan Gelman, son espectros nauseabundos que pertenecen a un mundo repugnante donde el revolcarse en el charco de la impunidad y el crimen pertenece a la naturaleza de las cosas. Son hijos putativos de la “civilización” capitalista.


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